Uno de los temas esenciales y de prioridad regulatoria a nivel europeo es el de las Finanzas Sostenibles habiéndose aprobado un paquete regulatorio que se basa en el concepto de Taxonomía como elemento vertebrador de la nueva regulación.

La nueva regulación sobre la transición ambiental afecta transversalmente a todos los ámbitos regulatorios pero muy especialmente a los de carácter financiero. Como cualquier aspecto de la vida que está en desarrollo, y como base de ese desarrollo, existe un componente económico que lo hace viable. Ese componente económico hace que los aspectos financieros y fiscales a la hora de determinar todos los ámbitos estructurales de la sociedad sea esencial, incluso es el elemento vertebrador de las desigualdades que nos podemos encontrar enquistadas en la sociedad.

De ahí la importancia de esta nueva regulación que modifica el campo de juego de las finanzas a nivel especialmente europeo, aunque se proyecta a nivel mundial a través de los distintos tratados de carácter internacional y las convenciones que se realizan con la vista puesta en la agenda 2030.
Las obligaciones de información sobre sostenibilidad, que afectan especialmente a los fondos de inversión y a otros ámbitos supervisores del mercado financiero y bancario dentro del paquete regulatorio diseñado a nivel europeo para las Finanzas Sostenibles, se encuadran como un tema esencial para los supervisores del sistema financiero, tema que va a venir referido a la información y las distintas metodologías sobre índices de referencia donde se pueden ir reflejando los factores a tener en cuenta de ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza. Acrónimo que en ingles se explicita en ESG.

La regulación viene a basarse en el Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Este Reglamento de 2020 se le conoce como “Reglamento sobre Taxonomía”, con el objetivo de fortalecer la protección para los inversores finales que quieren invertir en fondos relacionados con los factores ASG y mejorar las información real y efectiva de esos inversores dentro de las ofertas que hay en el mercado financiero, siendo necesario para ello mejorar la información a los inversores sobre productos financieros, específicamente respecto a los fondos de inversión con el letrero de tener como objetivo la sostenibilidad.

Dentro del Plan establecido por la Comisión Europea, que como objetivo esencial se circunscribe en facilitar la transición ecológica dentro de unos parámetros de economía sostenible, se establece como el concepto fundamental y estructural de este plan la creación de un sistema común de clasificación de estas actividades económicas, que se calificará atendiendo a su grado de concreción con inversiones de carácter sostenible. Este sistema es el denominado “taxonomía».

Con este Reglamento se persigue ofrecer una información homogénea y común para los inversores que establezca un código de información veraz detrás de los fondos de inversión o de los distintos instrumentos de inversión, sectores que van a ser de gran desarrollo y promoción dentro del espacio europeo. Sectores, además, en los que los supervisores tanto del mercado de valores como del sector bancario y asegurador van a tener una especial implicación y atención por medio del desarrollo de normas de funcionamiento del sector o normativa de segundo grado que van a dar forma a este nuevo campo regulatorio que variará en gran medida los portafolios de las entidades financieras y de inversión.

Es importante que los consumidores, en aras a saber dónde depositan sus ahorros, conozcan el nuevo paradigma que se avecina en la inversión y en el ahorro, pudiendo dar lugar a una innovación importante en los instrumentos de inversión y ahorro dentro del mercado mundial y europeo.
En resumidas cuentas el concepto de “taxonomía” (taxonomía europea atendiendo a su regulación específica en este ámbito financiero) establece una clasificación de las actividades económicas que contribuyen a los objetivos de la Unión Europea y permite conocer de forma objetiva si una actividad contribuye significativamente a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, con la promoción de la confianza en el mercado de inversiones sostenibles.