Después de más de 25 años funcionando, la red de abogados de los Servicios Jurídicos de ADICAE es la única que puede reivindicar verazmente su “especialización en servicios bancarios y financieros” para los consumidores y usuarios.
En este más de un cuarto de siglo en el que viene operando ADICAE y sus Servicios Jurídicos han sido cientos de miles los consumidores y usuarios atendidos en procedimientos extrajudiciales y judiciales, así como decenas de miles también en demandas judiciales individuales, incluso cuando los palos en la rueda de la banca y otras entidades, financieras y no financieras, así como por la propia lentitud e ineficacia de la justicia española, han sido un grave obstáculo para la acción judicial colectiva. Una acción colectiva que ADICAE ha defendido y defiende en solitario hasta el mismo nivel europeo, pese a que el conjunto del sistema legal español y todos sus actores se siguen oponiendo a una acción colectiva como el único instrumento eficaz para la resolución de los casos masivos tan reiterados en España en los últimos años.
Le pese a quien le pese, se mire por donde se mire, ADICAE ha sido la vanguardia de la defensa de los consumidores y usuarios de servicios financieros en España y en Europa en los últimos 20 años. Algo que atestigua la intensa y determinante actuación de la Asociación en los principales problemas, fraudes y abusos que han sufrido millones de consumidores en este tiempo. La intervención de ADICAE ante los problemas y abusos para los consumidores en los casos de las agencias de valores Investahorro y AVA en 1998; de la aseguradora Intercaser con los planes de pensiones privados en 1999; de la agencia de valores Gescartera en 2001; el cierre de las academias de inglés (Opening, Oxford, Cambridge…) en 2003, año en el que además ADICAE actuó frente a la intervención de Eurobank del Mediterráneo; la defensa de los cientos de afectados por la colocación de depósitos estructurados de Rural Caja; la intervención decidida de la Asociación ante la situación surgida en 2005 en el caso de Gardina Inmuebles en el ámbito de la mal llamada “multipropiedad”; el lamentable caso de fraude piramidal de Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza que explotó en 2006 y en el que ADICAE ha sido la única organización que ha proseguido la movilización y la defensa jurídica y judicial, en España y en Europa, del casi medio millón de afectados; las demandas colectivas en defensa de los consumidores afectados por la caída de Lehman Brothers en 2008; el caso del Fondo Banif Inmobiliario, donde la reclamación extrajudicial de ADICAE a la CNMV y la movilización de los afectados consiguió una solución; el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa; y etc, etc, etc,… (más información sobre el histórico de los casos y actuaciones judiciales de ADICAE y sus Servicios Jurídicos en la sección ¿Quiénes somos?)
Ya en la última década, con la crisis inmobiliaria que se unía a la financiera, comenzaron los problemas con los contratos hipotecarios y las reclamaciones por el uso desproporcionado y sin control de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario por las entidades financieras, y con especial relevancia la interposición en el año 2010 de la conocidísima macrodemanda colectiva por las cláusulas suelo, donde ADICAE puso en jaque a todas las entidades financieras españolas, pero que afrontó el reto y hándicap de poner en jaque a un sistema judicial lento, deficitario y arcaico, que dificultó el conseguir unos resultados más efectivos y esperanzadores en un ordenamiento jurídico no adaptado a la realidad del consumo del siglo XXI.
Ahí comenzaron a surgir todos los productos complejos, tóxicos y con una comercialización fraudulenta que utilizaron las entidades financieras con el fin de soslayar su mala situación cargando sobre el consumidor ahorrador el pago de sus excesos e irregularidades, de lo que son ejemplo claro las Participaciones Preferentes, donde ADICAE actuó a la cabeza en todo momento, con denuncias en 2011 ante la CNMV frente a 52 entidades y con gran cantidad de demandas judiciales, colectivas, individuales, agrupadas (mediante la acumulación de acciones a modo de reclamación colectiva adaptándose a las deficientes herramientas que proporcionaba la Ley de Enjuiciamiento Civil para la acción colectiva), etc…
Toda una batería de acción judicial y extrajudicial sin precedentes, que prosigue en el año 2012 con las querellas interpuestas a Bankia y otras cajas de cajas de ahorros, como la CAM, Cajasur, las Cajas Galegas (A Banca) etc… por un proceso de reestructuración bancario nacional funesto y que ha dejado en entredicho, por su lentitud, y su excesivo celo procesal, a la justicia española (más información sobre el histórico de los casos y actuaciones judiciales de ADICAE y sus Servicios Jurídicos en la sección ¿Quiénes somos?).
Todas estas brillantes actuaciones de ADICAE y sus abogados (y otras que extenderían en exceso esta presentación) como paladines ineludibles de la defensa de los derechos de los consumidores y de la acción colectiva y agrupada (acumulación de acciones) en España están ahí. Y también, cómo no, la respuesta jurídica y judicial a otros muchos nuevos casos vinculados a la contratación seriada con cláusulas y/o prácticas abusivas tales como el IRPH o los gastos hipotecarios, impulsados al calor de la legislación y jurisprudencia europea, y otros sobre el crédito al consumo abusivo, tarjetas revolving y otros muchos problemas que ya en los últimos tiempos ADICAE Servicios Jurídicos para los Consumidores (ADICAE SerJur) está abordando con la misma filosofía de acción colectiva y agrupada que es la única condigna de las asociaciones de consumidores y usuarios.
El impacto de las actuaciones jurídico-judiciales y de movilización de ADICAE constituyen la base de un auténtico “consulting” de los consumidores en un momento en el que toda la profesión de la abogacía, encuadrada en consultings de macrodespachos, o simplemente miles de despachos y sociedades de menor tamaño (con los que ADICAE no ha planteado ni tiene ningún conflicto salvo en el caso de que se produzca la suplantación del asociacionismo de consumidores o engaños manifiestos de abusos de la legalidad procesal) apela a su condición de “expertos en derecho bancario”. Y al mismo tiempo la acción colectiva judicial, el mejor y único instrumento legítimo de las asociaciones de consumidores, ha sido y es incomprensiblemente atacado y denigrado por estos “tinglados jurídicos” e incluso algunas “asociaciones de consumidores”, mientras que en otros casos se llega a utilizar la palabra “colectiva” para demandas que no lo son, amparándose en un equívoco del lenguaje (número de demandantes individuales de un mismo caso).
Las asociaciones de consumidores y usuarios deberían tener completamente claro, como lo tiene ADICAE, que no pueden ser en ningún sentido una competencia desleal de la abogacía profesional, y caracterizarse, como lo ha hecho siempre ADICAE y sus abogados, por entender que su misión es en primer y prioritario lugar la acción y la mediación extrajudicial asociativa, y la acción judicial colectiva, respetando que las demandas individuales para las que tiene legitimación para sus socios ADICAE sólo pueden ser el medio de prevenir cláusulas abusivas en los contratos para la acción colectiva o para la denuncia en pro de una legislación más eficaz. En este último plano las asociaciones de consumidores, académicos, jueces y juristas tienen la importante misión representativa de colaborar a la innovación legislativa y procesal para las que son habitualmente consultadas, e incluso a través de la iniciativa propia.
Por todo ello, y con todos estos ejemplos de lo que debería constituir la esencia del movimiento de consumidores como movimiento social reivindicativo, la iniciativa de la Red Jurídica de Abogados de ADICAE, ADICAE Serjur, en los últimos tiempos ha procedido a cambios de funcionamiento y estructuras que se van a reflejar en la nueva web y newsletter para reforzar, en esta época de cambios económicos y sociales de tanta trascendencia – y seguramente también jurídicos y judiciales -, la protección efectiva, extrajudicial y judicial, prioritariamente colectiva, de los derechos de los consumidores y usuarios. Una tarea que corresponderá a aquellas organizaciones de consumidores que integren un movimiento social y ciudadano de los consumidores más allá de la miseria de las estructuras actuales del consumo y de la multiplicidad de grupos y organizaciones atomizado y meramente clientelista de las administraciones públicas.
